Proponen que desaparición de fideicomisos sea informada y justificada

Las organizaciones México Evalúa Fundar consideran positivo que en la nueva agenda pública se priorice la atención al uso y ejercicio de fideicomisos en México, especialmente si se busca atender la opacidad y la falta de control que por muchos años han consentido el uso de recursos públicos sin rendición de cuentas y posiblemente hasta corrupción.

En el marco de las discusiones de la Ley de Austeridad Republicana para decidir sobre el futuro de los fideicomisos, señalan, sin embargo, que es importante que haya claridad, mejores controles y mayor transparencia de su funcionamiento y operatividad, que en la mayoría de los casos no existe, y para lograr esto proponen cuatro pasos.

Y es que, a pesar de que en los últimos años diez años en México se han presentado importantes avances normativos en materia de transparencia presupuestaria, que incluyen de manera específica el ejercicio de fideicomisos y fondos públicos, los recursos públicos involucrados en ellos aún se ejercen con poco control, mínima transparencia y sin rendición de cuentas.

Por esta razón, de un total de 374 fideicomisos públicos a nivel federal, la mayor parte no tienen estructura administrativa interna que permita un seguimiento y fiscalización adecuados de las operaciones financieras que ejecutan. Estos fideicomisos representan 92% del total de fideicomisos y 772 mil 63 millones de pesos (de 835 mil millones pesos) y son considerados un riesgo para el erario.

Subrayan que el monto que ejercen los fideicomisos y fondos públicos de manera discrecional, sin control y sin rendición de cuentas es muy significativo, pues representa el equivalente al 14% del Presupuesto de Egresos de la Federación, o 20 veces el presupuesto destinado a la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Al menos 139 de estos fideicomisos están constituidos en instituciones financieras privadas que bajo secreto fiduciario limitan el acceso a todo lo relacionado a sus funciones.

Ante este panorama, si bien es positivo que la agenda de la nueva administración haga de estas figuras públicas un asunto prioritario, la decisión de desaparecerlos debe ser limitada, informada y justificada. Por lo tanto, se necesita un diagnóstico de la situación para poder tomar decisiones adecuadas, conservar a los fideicomisos útiles para fines de interés público y fortalecer la transparencia y el control de los fideicomisos restantes.

Y es con este fin que proponen cuatro pasos:

1. Registro único de fideicomisos que manejan recursos públicos. Dada las reiteradas prácticas de opacidad, es necesario generar una lista de todos los fideicomisos vigentes a nivel federal y estatal, incluyendo los fideicomisos privados con recursos públicos, con el fin de integrar un mejor control de estas figuras.

2. Diagnóstico de los fideicomisos con recursos públicos vigentes. Antes de tomar la decisión de desaparecerlos y afectar principalmente a sus beneficiarios, es necesario que se realice un diagnóstico de los fideicomisos públicos existentes tanto a nivel federal como local, que permita tener un mapa real del grado de utilidad e impacto en asuntos de interés público.

3. Evaluar la extinción de los fideicomisos que no son útiles para fines de interés público.  Una vez teniendo el mapa completo de cada uno de los fideicomisos públicos vigentes, se propone priorizar la conservación de los fideicomisos que impactan en la garantía de derechos o en el bien común y valorar el proceso de extinción de aquellos que NO son de interés público o que ya no cumplen con los fines para los que fueron creados. En cambio, si son necesarios, se recomienda analizar otro esquema de manejo financiero.

4. Crear una política pública integral y con medidas de gobernanza para el manejo responsable de los fideicomisos que manejen recursos públicos o persigan fines de interés público.

Y todo esto debe contar con al menos cuatro pilares:

1. Controlar la apertura y liquidación de fideicomisos.

2. Exigir mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas a los fidecomisos existentes que manejen recursos
públicos.

3. Generar mayor control, vigilancia y fiscalización para los fideicomisos, especialmente para los que no
cuentan con estructura orgánica.

4. Generar lineamientos para el funcionamiento de fideicomisos privados que intervienen en asuntos de
interés público.

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