Alertan sobre disciplina financiera de estados

Este jueves, 16 de noviembre de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que, de pasar también por el Senado, desarmaría parte de los nuevos mecanismos para fortalecer la disciplina financiera local, advirtió México Evalúa.

El centro de análisis de políticas públicas observa con preocupación que esta propuesta incluye diversas modificaciones a la recientemente creada Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios (LDFEFM), que apenas empezaba a implementarse, para permitir que se aumente el gasto corriente en el 2018, un año electoral.

Un primer foco de atención se encuentra en el artículo 14 de esta ley, el cual otorga a las entidades federativas mayor margen de maniobra para utilizar los ingresos adicionales o excedentes que reciben durante el ejercicio para fines distintos al pago de la deuda. Esto implica que estados como Chihuahua, cuyo nivel de endeudamiento representa el 169.4% de sus ingresos de libre disposición, reducirían el porcentaje de ingresos excedentes destinados a la amortización de su deuda de 50 a 30%.

Adicionalmente, estados con una deuda clasificada como “sostenible” por el sistema de alertas de SHCP, no estarían obligados a destinar un porcentaje de sus recursos excedentes para pagar deuda. Las cifras al segundo trimestre de 2017 muestran que hay 23 entidades en esta clasificación.

El segundo perjuicio a la disciplina financiera es que se otorga más flexibilidad para aumentar el gasto corriente en los estados. En el mismo artículo 14, ahora se incluye una disposición que permite a las entidades federativas cuya deuda se considere “sostenible” utilizar hasta 5% de sus ingresos excedentes totales para gasto corriente, cuando anteriormente sólo se permitía destinarlo a la amortización de la deuda, inversión productiva y fondo de estabilización o ahorro.

La tercera y más grave modificación contenida en esta propuesta, se encuentra en el artículo cuarto transitorio, que establece que durante 2018 las entidades federativas con un nivel de deuda “sostenible” podrán gastar 100% de sus ingresos remanentes en gasto corriente. Cabe señalar que deuda sostenible no significa cero deuda, y que aumentar el gasto corriente durante el ejercicio del gasto y fuera de la discusión y aprobación de un Congreso permite discrecionalidad en su asignación.

Alarma que se considere esta nueva medida cuando el gasto corriente ha sido excesivo en relación al gasto en inversión física, en general en los estados, sin importar su nivel de endeudamiento. En promedio, en los estados los montos de inversión física cayeron en 49% real de 2009 a 2016, mientras que el gasto en servicios personales se incrementó en 28% real en el mismo periodo. Igualmente, el gasto que disminuyó en inversión pública (2,545 millones de pesos) parece haberse transferido al incremento (promedio de 3,096 millones de pesos) en servicios personales.

Además, esta modificación genera incentivos perversos en un año “vulnerable” al gasto con fines políticos, pues podría provocar que los gobiernos locales presenten presupuestos menos realistas para 2018. Cuando se permite la discrecionalidad en el uso de ingresos excedentes, los gobiernos tenderán a presentar presupuestos menos realistas.

El centro de análisis recuerda que uno de los objetivos originales de esta ley era contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas en los estados, controlar los niveles de endeudamiento en los mismos y mejorar la calidad del gasto. En su momento, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la calificadora internacional Moody´s, aplaudieron su aprobación, por considerarla una iniciativa que fortalece la transparencia respecto a la deuda local y por sus efectos positivos en la disciplina fiscal a nivel estatal y municipal.

A México Evalúa le preocupa la posibilidad de que intereses vinculados a la elección 2018 motiven un mayor gasto corriente fuera del presupuesto aprobado en los estados. Asimismo, le alarma que un potencial ímpetu electorero pueda erosionar y desarmar las instituciones en México. Por tanto, llama a senadores a escuchar a la sociedad civil, y a las instituciones financieras internacionales, y prevenir este desarme a herramientas esenciales en la tan urgente disciplina financiera de los estados.

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