Más que eliminar financiamiento, sugieren fiscalizar mejor a partidos

La eliminación del financiamiento público a partidos políticos no es recomendada por organismos internacionales como el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) y otros cuerpos políticos como el Consejo de Europa, señaló el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

Tras precisar que en el Congreso de la Unión existen alrededor de 15 iniciativas pendientes de análisis que proponen revisar el financiamiento público a los partidos políticos, el Instituto explicó que el objetivo de asignar fondos públicos a los partidos políticos es evitar la influencia de agentes privados en decisiones legislativas o de gobierno.

En su investigación “Gasto y fiscalización electoral en México: 1997-2017”, apuntó que las iniciativas propuestas en el Congreso de la Unión no toman en cuenta los problemas derivados del actual modelo de fiscalización y de los requerimientos presupuestales del Instituto Nacional Electoral en razón de sus nuevas facultades derivadas de la reforma político-electoral de 2014.

Según el IBD, las multas asignadas a los partidos son bajísimas ante las proporciones del presupuesto público que reciben en años subsecuentes, por lo que es necesario mejorar los métodos de fiscalización y revisar la proporcionalidad de las multas y el financiamiento.

El reporte del IBD revela que el esquema actual de multas a los partidos (derivado de la revisión de sus informes anuales y de campaña) es insuficiente para disuadirlos de conductas ilícitas, tales como: obtener financiamiento de origen desconocido o gastar sin objeto partidista.

Además, aunque existen nuevas causales de nulidad para cualquier elección (como el rebase de topes de gasto de campaña, utilizar recursos públicos con fines electorales y el uso de dinero ilícito), el actual modelo de fiscalización no es suficiente para detectarlos.

El IBD indicó que, en el caso de los topes de gasto de campaña, la pronunciada disparidad de criterios del cálculo de éstos en las entidades federativas hace poco plausible que se pruebe su rebase.

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