México necesita reforma energética, pero no la de AMLO

    • Expertos del Mexico Institute, México Evalúa y Baker Institute coincidieron en que la reforma energética propuesta por el Ejecutivo aumentaría el costo de la generación de electricidad, mermaría la calidad del servicio, ahuyentaría la inversión y quebraría al erario, además de frenar el desarrollo económico de México.

El sector eléctrico debe fortalecerse en distintos ámbitos para enfrentar los desafíos del cambio climático, la transición a energías limpias y hacer frente al incremento de la demanda de electricidad que se verificará en los próximos años. Sin embargo, los elementos que constituyeron a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica –que hoy se discute y vota en la Suprema Corte– y lo propuesto en la reforma energética del presidente López Obrador no permitirían alcanzar esos objetivos. Así lo concluyeron expertos durante el foro “Reforma energética sí, pero no ésta”, organizado por México Evalúa y Mexico Institute del Wilson Center.

“Aunque es perfectible, el modelo que se quiso construir con la reforma energética de 2013 tiene virtudes: hoy, el mercado permite competir con menores precios y tener energías más limpias. No podemos matar al país por salvar a la CFE. Tenemos que buscar la manera de sacarla adelante y hacerla cumplir con su mandato, que es generar valor para las y los mexicanos”, apuntó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

Entre 1992 y 2021, el sector eléctrico ha atraído aproximadamente 44 mil millones de dólares en inversión privada, 19 mil de ellos en energías renovables. Hoy, las centrales privadas generan dos tercios de la energía que se consume en el país, de acuerdo con datos del propio Gobierno mexicano. Además, el costo promedio de generación por parte de la CFE actualmente es dos veces mayor que el costo promedio de generación privada.

Para poder competir, la CFE ofrece tarifas de electricidad por debajo de su costo de generación eléctrica, a expensas del dinero de los contribuyentes: anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiere a la CFE un monto de recursos del presupuesto para cubrir la diferencia entre el costo de generación eléctrica y la tarifa que pagan los consumidores. Para 2022, este monto será de 72 mil millones de pesos, y es el cuarto mayor programa de subsidios en el Presupuesto de Egresos de la Federación, superando incluso lo otorgado a los programas de becas o al programa Sembrando Vida.

“A la mitad de este sexenio, la CFE se convirtió en una carga para el erario; le hizo perder 78 mil millones de pesos. Con la reforma eléctrica, el Gobierno quiere ayudarla a conseguir la renta económica de un monopolio, a costa del bolsillo de los consumidores y del erario”, señaló Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa.

Contrario a lo que se estipula en la iniciativa de reforma constitucional, el Sistema Eléctrico Nacional requiere mecanismos de costo-eficiencia que aseguren que la electricidad generada, adquirida y consumida sea la más barata, independientemente de quién la genere. Además, sería pertinente que en dicho costo se incluyan los costos de las externalidades negativas por impactos ambientales y de salud a la población.

“Desde una perspectiva de eficiencia, lo deseable es que existan diversos participantes que compitan entre sí para producir electricidad en las mejores condiciones de precio, disponibilidad y oportunidad; pero el régimen de excepción a la competencia para la CFE y el desmantelamiento del marco jurídico y regulatorio actual que ha impulsado este Gobierno van en sentido contrario”, apuntó Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de regulación y competencia económica de México Evalúa.

Los participantes del foro también coincidieron en la necesidad de contar con órganos reguladores y operadores de la red eléctrica autónomos y con independencia técnica, para lograr neutralidad regulatoria y gestión imparcial.

“Un órgano regulador débil es fácilmente capturado no sólo por el Estado, sino también por los privados, lo que alteraría el funcionamiento del mercado. El T-MEC aún contempla la apertura comercial del sector eléctrico, la generación de valor económico y la protección a los inversionistas, aspectos que no son compatibles con la reforma propuesta”, señaló Óscar Ocampo, Coordinador de Energía en el IMCO.

“México está dejando ir una oportunidad importante. El sector eléctrico requiere de inversión para garantizar condiciones de infraestructura óptimas y estamos regresando a un modelo maquilador de la década de los 90”, dijo Tony Payán, Director del Centro México – EU en Baker Institute.

En el evento participaron Lila Abed (Mexico Institute), Duncan Wood (Mexico Institute), Cecilia Aguillón (Institute of the Americas), Tony Payán (Baker Institute), Óscar Ocampo (IMCO) y Luisa Sierra (Iniciativa Climática).
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