El retorno de los viejos grupos
El pago de favores del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con la derogación de la reforma educativa y el inicio del sistema “Benito Juárez” de 100 nuevas universidades, evidencia las alianzas con miras a restaurar el viejo sistema priista autoritario y populista.
López Obrador da fuerza a una de las agrupaciones políticas forjadas en los años setenta del siglo XX, cobijada financieramente durante décadas por echeverristas y radical opositora a las diversas propuestas de modernización educativa desde los años noventa.
La génesis e historia de la CNTE permite establecer que se trata de recuperar para los grupos liberales y radicales el control de la educación de niños y jóvenes, un proyecto de largo plazo.
Eso explicaría la prisa por los cambios legales y la asignación de recursos desde el primer año de Gobierno para la apertura de esos centros de educación superior.
Origen es destino
La coincidencia de objetivos de López Obrador y la CNTE tiene orígenes en los viejos grupos del sistema.
Con varios años de actividades previas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue fundada el 18 de diciembre de 1979, como culminación de los trabajos del Primer Foro Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En esa época surgieron las “coordinadoras” como aglutinadoras de movimientos en diversas áreas, como la Coordinadora Sindical Nacional (Cosina); la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
La política interior del país recaía en el entonces subsecretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios y su equipo, entre quienes ya se encontraba Manlio Fabio Beltrones.
Dotar de fortaleza económica y política de la CNTE correspondió a un grupo de Oaxaca impulsado en el sexenio del Presidente Luis Echeverría Álvarez.
Esa entidad atravesó por inestabilidad política desde la década de los setenta hasta 1986 en que el priista Heladio Ramírez López asumió como gobernador. Habían pasado cuatro mandatarios estatales.
Ramírez López, egresado de la UNAM, fue jefe del sector juvenil del PRI entre 1966 y 1970, y desde ahí se integró al grupo de Echeverría, quien era secretario de Gobernación.
Veinte años después, Ramírez López llegó a ser gobernador de Oaxaca y se rodeó de asesores también formados por Echeverría. Invitó a Fausto Cantú Peña, ex director del Instituto Mexicano del Café; a Augusto Gómez Villanueva, quien fuera jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización; y a Armando Labra Manjarrez lo llevó como su coordinador de asesores.
Nombró como su delegado de gobierno en el Istmo de Tehuantepec a José Antonio Estefan Garfias, quien fuera secretario de Transporte y Vialidad, en el gobierno de Gabino Cué y candidato perdedor de la alianza PAN–PRD en los comicios de junio de 2016.
En octubre de 1992 Ramírez López firmó un acuerdo mediante el cual le entregaba el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ello le significó el ingreso de miles de millones de pesos a ese grupo.
Así pasaron cuatro sexenios: Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998), José Nelson Murat Casab (1998-2004), Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) y el de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016).
Un informe del gobierno de Cué Monteagudo advertía:
En Oaxaca el sector educativo arrastra un déficit financiero de más de 4 mil 809 millones de pesos, derivado de la sobrecarga de prestaciones, primas vacacionales y días adicionales de aguinaldo autorizados a profesores de la Sección 22, cedidas durante los últimos cuatro gobiernos priistas, principalmente durante el régimen del ex gobernador José Murat.
Los 73 mil profesores de la sección 22 cuentan con las prestaciones más altas del país: 90 días de aguinaldo, prima vacacional, bonos de productividad, estímulos de puntualidad, tres meses de vacaciones, el derecho a tres préstamos anuales, una canasta navideña y de despensa, así como apoyo de transporte.
Todo eso se acabó en agosto del 2015 cuando legalmente se le quitó el control del IEEPO a la disidencia magisterial y se iniciaron los procesos penales en contra de sus dirigentes.
Ese año y el siguiente, Morena, la CNTE, el Frente Popular Revolucionario, el movimiento alrededor de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otras organizaciones, formaron un frente con miras a la sucesión presidencial.
Apoyos y pagos
Durante la campaña electoral, la CNTE apoyó a López Obrador y su principal demanda fue derogar la reforma educativa.
Otra demanda, no menor por su significado, fue la reapertura de la Normal rural “ElMexe”, en el estado de Hidalgo.
El pasado 13 de diciembre, el Presidente firmó la iniciativa con la cual se derogó la reforma educativa, una de cuyas partes sustanciales fue la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), con lo cual desaparecen las evaluaciones al magisterio por parte de una entidad independiente.
Desaparecer el INEE y conceder la evaluación a las autoridades educativas y al magisterio es como si se devolviera a la secretaría de Gobernación la facultad de organizar las elecciones, han advertido expertos.
Ese día se anunció la liberación de dos profesores presos por ser considerados “presos políticos” y se develó que están en estudio otros cuatro casos más.
Para cumplir con su promesa de obligatoriedad de la educación superior y de la creación de 100 universidades públicas en el país, López Obrador asignó un presupuesto de mil millones de pesos para 2019 y realizó un acto simbólico de apertura de la primera.
Ambiguo, el Presidente López Obrador se refirió a la escuela de El Mexe como Normal rural y como universidad, pero no precisó dónde estarían las otras 99 ni el proceso para elegirlas y ponerlas a funcionar.
Las normales rurales fueron diseñadas en la década de los 30 del siglo pasado, bajo los principios de la educación socialista de la época, para atender las necesidades educativas en esas comunidades. De acuerdo con algunos testimonios, en ellas se enseñaba “el materialismo histórico como fundamento científico para el ejercicio de la docencia y el pensamiento socialista como una guía para la vida, se trabajaba para crear una conciencia de clase a través del ideario de Carlos Marx, Federico Engels y Lenin”.
Las escuelas normales rurales Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero; Atequiza, de Jalisco; la de Cherán, Michoacán, y la Luis Villarreal, ubicada en la comunidad de El Mexe, Hidalgo, fueron algunas de ellas.
Desde los años noventa del siglo XX, el gobierno federal emprendió acciones para cerrarlas, y en 2015, de acuerdo a información oficial, funcionaban 17 con un total de 6 mil 766 alumnos.
Ahí arrancó López Obrador simbólicamente su reforma educativa de la Cuarta Transformación, en unas instalaciones donde principalmente se adoctrinó a miles de jóvenes bajo los criterios de la lucha de clases.
Esas acciones contrastan con dos presuntos errores del gobierno lopezobradorista en sendas iniciativas de Ley: haber desconocido la autonomía universitaria y haber reducido entre 1 y 4 por ciento a las universidades, entre ellas a la UNAM.
Y el sexenio apenas empieza.
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Mochila Política 62
Año 2; Diciembre 20, 2018
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