“Altísimo”, el costo de la corrupción en México, advierten

El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, aseguró que el costo que genera la corrupción es “altísimo” porque va desde el ámbito social hasta el económico; para lograr que esta práctica se erradique, es necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de impartición de justicia, a fin de que el binomio corrupción-impunidad no sea un tema cotidiano en México.

Al inaugurar el foro “Lucha anticorrupción: La experiencia internacional”, organizado por la Comisión Especial para dar seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, Romo García destacó que el índice anual 2017, de Transparencia Internacional, ubicó a México en el lugar 135 de 180 en materia de corrupción.

Este es un “dato alarmante”, advirtió, por eso la reacción, al menos en el marco legal ha sido, si no pronta, la adecuada; una reacción que falta por consolidar pero que al menos “pone el pie de casa para empezar a construir la eliminación de este mal”.

La diputada Claudia Corichi García, presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, señaló que el país pierde por casos de corrupción entre el cinco y diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de 900 mil millones de pesos anuales.

Durante el Foro “Lucha Anticorrupción: la Experiencia Internacional”, la legisladora subrayó que México se ubica en el “vergonzoso lugar” 135 de 180 en el índice 2017 de Transparencia Internacional; además, una de cada dos personas ha afirmado haber pagado en el último año un soborno a funcionarios públicos y seis de cada diez considera que la corrupción sigue en aumento.

Añadió que en el último informe Global de la Impunidad, 2017, coloca a nuestra nación en el cuarto lugar mundial de delitos no denunciados, al aumentar un punto porcentual en los últimos dos años, y pasar de un 92 a un 93 por ciento; “de ahí la urgencia de implementar acciones para combatir la corrupción y la impunidad”.

“Es alarmante que de cien delitos apenas seis son denunciados en el país, y de aquellos sólo el tres por ciento culmina en una sentencia”.

En tanto, refirió que se localiza en el lugar 66 entre 69 países sólo por delante de Filipinas y Camerún, en la confianza a sus instituciones de seguridad, justicia, motivo por el cual más que nunca es necesario escuchar las experiencias internacionales para poder plantearnos qué hacer a futuro.

Enfatizó que la corrupción se ha convertido en un tema de interés público; muestra de ello es que en la última década los esfuerzos internacionales de cooperación en materia de lucha contra ello se han enfocado en el diseño de diversos marcos jurídicos globales como las convenciones interamericanas contra la corrupción, para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros.

De igual manera, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Corrupción y el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales, instrumentos que si bien son referentes en este combate han sido insuficientes para detener varios escándalos.

“Ante esto no puedo omitir el agravio que violenta lo más profundo de los derechos humanos en nuestro país, como los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, la Casa Blanca, entre otros, que dejan claro que somos el país en el que no ha pasado nada”.

Corichi García destacó que el gobierno entrante tiene un gran reto, no sólo para combatir la corrupción y la impunidad, pues apelar a la austeridad no es el único camino para combatirla, también es necesario castigar estos delitos de manera ejemplar.

Solicitó a los próximos diputados continuar el análisis de iniciativas que plantean prohibir los seguros de gastos médicos y de vida de los altos funcionarios y reformar el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones para evitar que haya laxitud que permita dar condiciones a la corrupción e impunidad.

Finalmente, dijo que las propuestas vertidas en este foro contribuirán al diseño de mejores políticas públicas para combatir el “terrible binomio impunidad y corrupción, el cual se presenta particularmente en el sector público”.

Sugieren incentivar y fortalecer mecanismos de combate a corrupción

La ex presidenta de Costa Rica (2010 y 2014), Laura Chinchilla Miranda, afirmó que América Latina es una de las tres regiones del mundo con mayor índice de corrupción, por lo que es necesario incentivar y fortalecer los mecanismos, establecidos por cada país, para frenar este “lastre”.

De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2017, que realizó Transparencia Internacional (TI), “sólo tres países de América Latina (Uruguay, Chile y Costa Rica) se salvan de este fenómeno”, sostuvo al participar en el foro “Lucha Anticorrupción. La experiencia internacional”.

El resto de las naciones de esta región se mantienen en los puestos bajos, donde 0 es con menor corrupción. México ocupó el puesto 135 de las 185 naciones evaluadas a escala mundial, agregó durante su ponencia “Corrupción, políticas públicas y ciudadanía”.

La politóloga costarricense expuso que de 2015 y 2018, se dieron a conocer tres casos importantes de corrupción, que involucraba a toda la región latinoamericana, que fueron el de la empresa Oderbretch, el escándalo deportivo y corporativo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación “FIFA Gate” y los “Panamá Papers”, a lo que nombró “la caída de los tres gigantes”.

“Con este conjunto de casos vimos que por primera vez escándalos de tal magnitud, que involucraban personas del ámbito político y corporativo, no se pudieron escapar del alcance de la acción judicial. Es decir, América Latina empezó a verle la cara a los corruptos de sus países”, aseveró.

Aunado a ésto, al analizar los marcos jurídicos y normativos de los países de Latinoamérica, se observa “un impresionante arsenal, de tratados y convenios internacionales, de buenas prácticas que se han venido adoptando por ellos”, dijo Chinchilla Miranda.

Manifestó que en 2015 y 2018 “casi se dio una refundación de las instituciones de nuestras naciones”, y dijo que las reformas normativas de combate a la corrupción deben de evaluarse y revisarse permanente, para fortalecerlas y profundizarlas.

De igual manera, se debe evitar que exista un descredito de las instituciones de combate a la corrupción y de la administración de justicia, abundó.

También pidió que se ponga énfasis en tres áreas que son focos claros de corrupción: las aduanas, las adquisidores de bienes y la distribución de ayudas sociales.

En el caso particular de México, se congratuló con la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, por la aprobación de las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas, Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras.

La aprobación de la normativa anticorrupción y la mejora de las sanciones, “pone de relieve la magnitud de los cambios institucionales que alcanzaron a México”.

“Estas reformas son de gran calado, le devuelven la esperanza a los ciudadanos de que el tema de la corrupción se va a abordar de una vez por todas, de manera metódica y desde las instituciones mismas”, externó Chinchilla Miranda.

No obstante, advirtió, entre las deudas pendientes se encuentran la implementación de las reformas procesales y penales, y la indispensable independencia que deben tener las instituciones encargadas de la persecución penal de un país.

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