La “amnistía” del Peje

En este recién iniciado 2018 la precampaña sigue su curso.

Se supone que, conforme la misma se vaya desarrollando, los diferentes partidos y coaliciones deberán hacer una auscultación interna para ver cuál de sus aspirantes sale favorecido con la nominación.

Exceptuando el caso de la Ciudad de México, en donde Alejandra Barrales ve cómo, dentro del PRD, existen otros dos disputándole la candidatura, la realidad es que, en lo que a postulaciones presidenciales se refiere, conocemos ya a los tres finalistas: Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés.

De hecho, se encuentran ya en plena campaña; estarían en precampaña si Andrés Manuel compitiese contra uno o varios morenistas; si Meade se pelease con Miguel Ángel Osorio Chong o con Luis Videgaray; o si Anaya se enfrentase a Rafael Moreno Valle o a Juan Carlos Romero Hicks.

Por eso, porque no tienen rivales enfrente, es que decimos que –aunque le llamen precampaña– ésta es ya una campaña con todas las de la ley.

Y, en vista de que no tienen que esforzarse por convencer a sus compañeros militantes, todo lo que dicen –más que dimensión partidista– alcanza ya dimensión nacional.

Por eso es que, desde hace ya varias semanas, nos llamó la atención el que López Obrador ofreciese acabar con la violencia dándole amnistía a los del crimen organizado.

Según Andrés Manuel, la amnistía es la solución debido a que fue así como se acabó con la guerra civil en El Salvador.

Prudente será que recordemos qué fue lo que ocurrió en realidad en el vecino país centroamericano.

La guerra civil salvadoreña, en la que la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó a los diversos gobiernos militares, duró doce largos años, costándole la vida a más de setenta y cinco mil salvadoreños, entre ellos el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980.

Deseando poner fin a tan interminable tragedia, en 1990, el presidente Alfredo Cristiani y la guerrilla iniciaron unos diálogos de paz que culminaron el 16 de enero de 1992, con la firma del Acuerdo de Chapultepec.

Se concedió el indulto a quienes quisieron aceptarlo, la gran mayoría de los guerrilleros depuso las armas y el antiguo FMLN se convirtió en partido político.

Todo culminó el 15 de marzo de 2009 cuando Mauricio Funes, candidato del FMLN ganó las elecciones.

Ahora bien, una cosa es que se conceda indulto a guerrilleros opositores que, arrepentidos, se reintegren a la vida civil, y otra muy diferente lo que propone López Obrador.

Y es que el candidato de Morena no le está ofreciendo el indulto a guerrilleros que luchan en las montañas defendiendo un ideal, sino a delincuentes del crimen organizado que –aparte de ser narcotraficantes– se dedican a la trata de personas, a los asaltos, al cobro de derecho de piso, a los secuestros, etc.

Suena ingenuo pensar que, indultando a ladrones, traficantes, asesinos, lenones y demás jauría habrá de resolverse el problema de la violencia que nos aqueja.

Por otra parte, si lo que se pretende es la justicia, ¿podrá ésta aplicarse debidamente cuando se deja impunes a delincuentes empedernidos que no dan señales de arrepentimiento?

Dichos sujetos no luchan por un ideal político, sino que lo único que pretenden es dinero y poder.

El gobierno que los indulte se arriesga a convertirse en un títere en manos de las mafias.

¿Acaso López Obrador pretende dar vida a un Frankenstein que, conforme se vaya afianzando, ya nadie podrá controlar?

Por otra parte, al hablar de amnistía, López Obrador incurre en una incongruencia: Afirma que no perdonará ni a Carlos Salinas, ni a Felipe Calderón, ni a Javier Duarte.

¿Qué significa esto? ¿Acaso la amnistía no debe ser igual para todos?

Gravísima incongruencia la de un López Obrador que está dispuesto a dialogar con ladrones, matones y lenones, pero que no se tienta el corazón para reprimir a sus enemigos políticos.

redaccion.nuevavision@gmail.com

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